El estado de Nueva Jersey aprobó una nueva política que obligará a determinadas empresas a pagar una tarifa anual cuando un número significativo de sus trabajadores y familiares dependan de Medicaid en lugar del seguro médico ofrecido por sus empleadores. La medida, considerada pionera en Estados Unidos, busca aliviar la presión financiera sobre el programa público de salud y podría servir de modelo para otros estados.

La iniciativa surge en un momento en que varios gobiernos estatales anticipan un aumento en los costos de Medicaid debido a recientes cambios en la legislación federal, lo que ha impulsado nuevas estrategias para garantizar el financiamiento del programa.

¿Cómo funcionará el nuevo cargo?

La ley, firmada por la gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, establece que las empresas con al menos 50 trabajadores o sus dependientes inscritos en Medicaid deberán pagar una tarifa anual por cada beneficiario.

El monto variará según el tamaño de la empresa:

US$325 por persona para compañías con entre 50 y 249 beneficiarios de Medicaid.

US$525 por persona para empresas de mayor tamaño.

US$725 por persona para aquellas con 500 o más beneficiarios inscritos en el programa.

El gobierno estatal estima que la medida permitirá recaudar alrededor de 145 millones de dólares durante el primer año de aplicación, recursos que serán destinados a financiar Medicaid.

El argumento del gobierno

Los defensores de la norma sostienen que algunas grandes empresas terminan beneficiándose indirectamente del sistema público cuando parte de su fuerza laboral recurre a Medicaid en lugar de recibir cobertura médica patrocinada por el empleador.

Desde esta perspectiva, el nuevo cargo busca distribuir de forma más equitativa el costo del programa entre el Estado y las compañías cuyos trabajadores utilizan la cobertura financiada con recursos públicos. Además, las autoridades consideran que la medida cobra mayor importancia ante la posibilidad de que las reformas federales incrementen el gasto estatal en Medicaid durante los próximos años.

Empresas y analistas expresan preocupación

La iniciativa ha sido recibida con críticas por parte de organizaciones empresariales, que argumentan que las compañías no siempre pueden controlar si un empleado decide inscribirse en Medicaid en lugar de aceptar el seguro médico ofrecido por su empleador.

También algunos centros de estudios de orientación progresista han manifestado reservas, advirtiendo que este tipo de tarifas podría generar incentivos no deseados en los procesos de contratación o afectar a trabajadores de bajos ingresos.

Para responder a estas preocupaciones, la legislación incluye salvaguardas que prohíben tomar decisiones laborales basadas en el estatus de Medicaid de un empleado y excluye del cálculo a trabajadores temporales, estacionales y de tiempo parcial.

Otros estados analizan medidas similares

Nueva Jersey no es el único estado que estudia este tipo de mecanismo. Legisladores en California, así como autoridades de Colorado, Oregón, Washington y Connecticut, han comenzado a evaluar propuestas similares para fortalecer el financiamiento de Medicaid frente al incremento previsto de los costos del programa.

Aunque intentos anteriores de aplicar cargos de este tipo fracasaron por obstáculos legales, los impulsores de las nuevas iniciativas aseguran que las propuestas actuales fueron diseñadas para reducir ese riesgo y adaptarse al marco jurídico vigente.